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Villa-Devoto

Qué dice el acuerdo que se firmó para levantar el violento motín de Villa Devoto. Mirá las fotos.

Establece que este sábado se activará una Mesa de Diálogo para atender los reclamos de los internos. De la reunión participó Martín Mena, secretario de Justicia y Derechos Humanos.

Las autoridades del Gobierno y los representantes de los presos de Villa Devoto firmaron cerca de las 17 de este viernes en la Capilla del único penal en Capital Federal un acta acuerdo para terminar con el motín que los privados de su libertad habían iniciado durante la madrugada con el fin de reclamar que algunos de ellos puedan ser trasladados a sus casas y evitar infecciones con coronavirus.

Qué dice el acuerdo que se firmó para levantar el violento motín de Villa Devoto




El acta establece que este sábado se hará un recorrido por las instalaciones para constatar los daños y repararlos y se rubrica el compromiso de parte del Gobierno nacional de no activar traslados de presos en represalia por lo ocurrido este viernes. Además, se estableció que también mañana se conformará una Mesa de Diálogo a las 10 para tratar los temas que los presos reclamaron en este motín.

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“En la mesa de diálogo señalada se tratarán los siguientes puntos”, establece el documento. Y enumera: la implementación de acordadas dictadas por la Cámara Federal de Casación y la Cámara Nacional de Casación; la ley de cupo; compensaciones y conmutaciones de penas; extranjeros con domicilio en la República Argentina; informes médicos realizados por forenses; tratamiento de los diferentes tipos de métodos alternativos para el cumplimiento de la pena, “principalmente los grupos de riesgo y cercanos al cumplimiento de la pena”. Este último punto es esencialmente el que arrastra la furia actual de los privados de la libertad y que motivó el motín de este viernes.

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La noticia del contagio de un penitenciario, confirmada por autoridades del Servicio Penitenciario y que derivó en el aislamiento de detenidos, les sirvió como excusa para llevar adelante acciones extremas, en medio de una ola judicial de pedidos de excarcelación. Las protestas durante las últimas semanas fueron más leves, con ruidos y mensajes por WhatsApp. Pero este viernes los presos subieron un peldaño en la escalada. Fue tras un motín en la Unidad N°23 de Florencio Varela, donde murió un preso de un tiro.

Comenzó a la mañana en la planta uno, con narcos y detenidos que estudian en el sistema universitario del penal, hubo fuego, incendios, otros reclusos se sumaron. Los guardias del Servicio Penitenciario Federal no pudieron contenerlo. Como consecuencia, 11 penitenciarios resultaron heridos con quemaduras leves. No obstante, fuentes del SPF celebraron que el motín haya terminado sin represión ni heridos graves.



Los firmantes del acta, entre quienes estuvieron el secretario de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Mena, el director del SPF, Emiliano Blanco, autoridades de la Procuración Penitenciaria y los jueces de la Cámara de Casación Gustavo Hornos y Daniel Morín se comprometieron a activar un relevamiento “para determinar el estado de los deterioros producidos" durante la revuelta. “En caso de que algún pabellón no pueda cerrarse, se procederá a su refacción inmediata con la posibilidad de realojar a los detenidos en el gimnasio perteneciente al Módulo 6 hasta la reparación y/o restablecimiento de la totalidad de los internos realojados a su pabellón de origen”.

Martín Mena se comprometió ante los delegados de los pabellones “a no realizar traslados de internos cuyo origen sean los hechos ocurridos en el día de la fecha y cualquier otro motivo que pueda interpretarse como represalia a los hechos acaecidos”.

“El acta es para que termine todo hoy, se presenten jueces federales y no haya traslados ni represión”, confirmó una fuente. La idea es que mañana se avance en una revisión de los casos que podrían obtener la prisión domiciliaria mientras dure la pandemia. Se trata de los internos que tienen prisión preventiva, los que gozan de salidas transitorias o libertad asistida, o personas con problemas de salud preexistentes al Covid-19 y los que están muy próximos a obtener la libertad.



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