Millonaria recompensa por datos de los represores prófugos.

SOCIEDAD.
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El Gobierno oficializó hoy las millonarias recompensas que anunció para quienes aporten datos que puedan ayudar fehacientemente a recapturar a Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi, los militares condenados por delitos de lesa humanidad perpetrados en San Juan que se fugaron la semana pasada del hospital militar porteño.
Millonaria recompensa
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29/7/13

La oferta de las recompensas quedó oficializada a través de dos resoluciones del Ministerio de Justicia publicadas hoy en el Boletín Oficial. En la Resolución 1.199 se ofrecen dos millones de pesos por datos de De Marchi y la Resolución 1.200, una cifra idéntica por datos de Olivera.

Además de ofrecer las recompensas, el Gobierno denunció penalmente al personal de la División de Traslados del Servicio Penitenciario Federal y pasó a retiro al director de Salud del Ejército, general Marco Gutiérrez, y a otros seis oficiales encargados del Hospital Militar Central.

Los dos represores habían pedido ser trasladados desde San Juan con la supuesta intención de recibir atención médica. Olivera quería hacerse tratar un problema clínico, mientras que De Marchi afirmó que necesitaba ver a un especialista en dermatología. Los tratamientos fueron autorizados por el juzgado federal Nº2 de San Juan, subrogado por Miguel Angel Gálvez. Los dos represores fueron trasladados el jueves a la mañana desde la cárcel de Marcos Paz y entregados al personal del hospital en una sala de atención que está ubicada en el tercer piso.

Ayer, el juez federal sanjuanino Miguel Angel Gálvez, el que había autorizado el traslado, cargó toda la responsabilidad por la fuga en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Por el escape de los represores hay tres causas: la que llevó adelante el Tribunal Oral Federal de San Juan (donde todavía está pendiente la lectura integral de la sentencia, ya que sólo se conoció el veredicto con las penas impuestas), la de la fuga propiamente dicha; en el juzgado correccional porteño de Raúl García; y una a cargo del juez federal porteño Claudio Bonadio, a partir de una denuncia formulada por el propio titular del SPF, Víctor Hortel, para deslindar responsabilidades dentro de ese organismo.









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