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La mayoría de los presos excarcelados no tiene controles porque faltan pulseras electrónicas.

En la Provincia sólo hay 1.950, todas ocupadas y con 250 internos en lista de espera. Evalúan comprar otras 2.000. Los excarcelados por el Covid 19 ya son más de 600.

En medio de la polémica por el otorgamiento de prisiones domiciliarias a los detenidos en medio del coronavirus, un dato alerta sobre la fragilidad de los controles a los presos que logran salir de las cárceles. Según datos oficiales, la gran mayoría de los detenidos que lograron irse a sus casas por la pandemia lo hizo sin que le pusieran una tobillera o pulsera electrónica para monitorear sus movimientos. El motivo es sencillo: hace más de cuatro meses que no hay stock de los dispositivos y la lista de espera asciende a 250 personas.

La mayoría de los presos excarcelados no tiene controles porque faltan pulseras electrónicas.




La pandemia del coronavirus expuso abruptamente una crisis que lleva más de dos décadas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB): el hacinamiento, la falta de infraestructura y el lentísimo avance de las causas de muchos internos: el 50% no cuenta aún con una condena, pero permanecen tras las rejas.

Hace más de cuatro meses que el SPB y la Justicia no cuentan con tobilleras electrónicas. Las mismas se venían entregando a “cuentagotas hace un año, pero hace varios meses directamente no hay más disposición, todas están ocupadas”, señalaron fuentes judiciales a Clarín. Son 1.950, y hay otros 250 detenidos en lista de espera para salir de la cárcel cuando se desocupen o lleguen las próximas. Ahora la Provincia evalúa realizar una licitación para adquirir 2.000 tobilleras.

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La crisis agrava la polémica por la ola de prisiones domiciliarias concedidas durante el último mes, que oscilan entre 500 y 800. Esa diferencia existe entre las cifras del gobierno y los números en la justicia, siempre hasta el 17 de abril. “El flujo de salidas de la cárcel es constante, en épocas normales es del 5,5 al 6%, pero en este mes ese índice podría duplicarse si se hace lugar a todos los pedidos”, explicaron fuentes judiciales.

Desde que inició la pandemia por el Covid19 ingresaron 2.000 pedidos de arrestos domiciliarios, muchos de ellos fundados en el riesgo que los internos corren de contagiarse. En el SPB hay sólo 3 casos confirmados.

Al analizar las cifras oficiales se logra dimensionar la gravedad del caso: las 57 cárceles y siete alcaldías alojan 43.474 y 1.336 internos respectivamente. Pero sólo cuentan con capacidad para 25.000 personas. La sobrepoblación es casi del 50%. Los penales más comprometidos son los de Campana, Sierra Chica, Florencio Varela y Olmos. Pero la situación atraviesa a la totalidad de las unidades carcelarias.

El mismo SPB determinó que de toda su población, 2.468 internos deben ser considerados de riesgo ante el coronavirus. En primer lugar por sus enfermedades preexistentes, y en segundo término por el grupo etario que integran. Al respecto, la Procuración General de la provincia (que rige sobre todos los fiscales), dictó una resolución con la firma de su máxima autoridad, Julio Conte Grand, recomendando el otorgamiento de las prisiones domiciliarias a ese grupo.

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Entonces se inició el camino hacia una discusión más compleja y un enfrentamiento político. El contexto volvió difusos los números. Hasta el 8 de abril, indicaban que hubo 800 casos de morigeración de las condiciones de detención, todos ellos sin un dispositivo electrónico de monitoreo. Estas cifras del ámbito judicial, exponen liberaciones de más de 2.400 internos, algunos con condenas cumplidas, otros con libertades condicionales y otros regímenes además de las domiciliarias.

Según las autoridades bonaerenses, entre el 17 de marzo y el 17 de abril se externalizaron 1.601 internos, de los cuales más de 599 fueron bajo la figura de arresto domiciliario. De ese universo, Julio Conte Grand inició una investigación sobre 148 resoluciones en las que se concedieron morigeraciones a autores de delitos contra la integridad sexual, homicidios dolosos (simples y uno agravado). Según fuentes judiciales, ya se se ha instruido a los fiscales para que procuren revertirlo. Además, la Procuración iniciará una investigación sobre decisiones de la Cámara de Casación provincial, que concedió prisiones domiciliarias a personas con informes médicos no oficiales.

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