Pareja argentina, detenida en España por vender toneladas de pizza de manera ilegal.

En el operativo se secuestró un horno de grandes dimensiones, máquina amasadora, mesas de trabajo, envasadoras de vacío, congeladores, rollos de etiquetado, bandejas de trabajo, entre otros elementos.

Una pareja argentina fue detenida en la localidad española de Azuara por agentes de la Guardia Civil, por fabricar 12 mil kilos de pizzas clandestinamente y distribuirlas a través de internet o por teléfono móvil a medio centenar de establecimientos de 22 provincias españolas, haciéndose pasar por una empresa solvente y sin declarar su actividad.




El arresto se produjo el pasado martes a las 12.20 en la capital aragonesa y los detenidos, de origen argentino, son un hombre, G. P. S., de 46 años, y una mujer, C. E. C. de 45 años. Ambos fueron puestos a disposición judicial. Según las investigaciones del Instituto Armado, el hombre ejercía de director comercial y la mujer elaboraba este alimento en un inmueble de la ciudad de Azuara que no reunía las condiciones de higiene ni de sanidad.



Los dos detenidos tenían en Azuara un horno para la manufacturación de este alimento típicamente italiano. En este local, los agentes requisaron gran cantidad de ingredientes que se utilizan para cocinar este plato, y que no guardaban las exigidas medidas de seguridad y conservación de alimentos establecidas en la normativa vigente.

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Los agentes del Seprona iniciaron la investigación tras recibir el 14 de enero una comunicación de la Subdirección Provincial de Salud Pública, sobre la detección por parte de los servicios oficiales de zona de la existencia de pizzas elaboradas y comercializadas presuntamente de forma clandestina.



La Guardia Civil constató en sus averiguaciones que la mercantil comercializaba, mediante publicidad y venta por internet y a través de teléfono móvil, pizzas de diversas variedades y bases para pizzas, asimismo identificó a su director comercial.

Igualmente se comprobó que el ámbito de comercialización abarcaría la totalidad del territorio nacional, no disponiendo de documentación que acreditase el origen autorizado del producto, así como las condiciones higiénicas en las que se elaboraban estos alimentos, lo que podía suponer un riesgo para la salud pública.



Así mismo se determinó que estas pizzas podían estar siendo elaboradas por una segunda persona, de nacionalidad argentina, en la localidad de Azuara. Tras gestiones realizadas con la Subdirección Provincial de Salud Pública de Zaragoza y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), se comprobó que en esta localidad no existía ninguna empresa inscrita en el correspondiente registro sanitario, lo que hacía sospechar que se estuviese ejerciendo esta actividad de forma clandestina, desconociendo el estado higiénico y de seguridad tanto de los locales como de los alimentos utilizados.

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Los agentes del Seprona identificaron a la persona titular de la vivienda, comprobando, además, que esta era la esposa de la persona que constaba como director comercial. Igualmente se pudo determinar que para la distribución de algunos envíos se había podido utilizar el servicio de una empresa de paquetería, comprobando que entre los meses de enero de 2019 y febrero actual los productos elaborados fueron distribuidos, a 50 establecimientos de 22 provincias españolas, arrojando un total de más de 12.000 kilogramos, transporte que se realizaba en vehículos que no reunían las condiciones necesarias (frigorífico o isotermo).



Por estos hechos, se realizó un registro en el domicilio de Azuara, donde se encontraron un horno de grandes dimensiones, una máquina amasadora, dos mesas de trabajo, dos envasadoras de vacío, dos congeladores, cuatro frigoríficos, numerosos rollos de etiquetado, bandejas de trabajo, útiles para la elaboración de pizzas, bolsas de envasado de pizzas, bolsas isotérmicas para transporte, materia prima, así como equipos electrónicos e informáticos.

Las provincias en las que hasta el momento se comprobó la recepción de este producto serían Alicante, Asturias, Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Girona, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Soria, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza. Los establecimientos afectados se dedicaban a hostelería, caterings, hoteles, pizzerías, campings, piscinas, organización de eventos y particulares. La investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

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