El Gobierno da marcha atrás y financiará el soterramiento del Sarmiento.

Había decidido no continuar con el proyecto por la emergencia económica pero temen una posible demanda millonaria por romper el contrato con la UTE a cargo de la obra.

En el marco de un programa económico de emergencia y como señal de austeridad, desde el 10 de diciembre el Gobierno nacional decidió dar de baja distintos proyectos. Uno de los que más impacto había generado, por su magnitud y por los casos de corrupción que investiga la Justicia, había sido el del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra clave para la Ciudad y la Provincia. Aunque la medida tenía varios condimentos, el alto costo que demanda finalizar la obra que fue trazada hace 15 años era el principal argumento que se esgrimió en Casa Rosada. Sin embargo, a casi dos meses de aquella decisión, ahora la administración de Alberto Fernández​ advirtió que se expone a una "demanda millonaria" por dar de baja el contrato y analiza alternativas para reformular su ejecución y acotar el gasto.




Desde el Ministerio de Transporte que conduce Mario Meoni apuntan que a partir de la última modificación al proyecto que hizo en julio de 2019 el por entonces titular del área Guillermo Dietrich, la rescisión del contrato ocasionaría “un impacto judicial muy grande” ya que propiciaría una demanda “por un número muy importante”.

Según pudo saber Clarín, a esa conclusión preliminar llegaron en el área jurídica de Transporte, luego de analizar la última reformulación del contrato aprobada por una resolución (394/2019) de Dietrich el 5 de julio, a poco más de un mes de las elecciones primarias que cambiaron el escenario político.

En esa resolución se convalidaron modificaciones técnicas a la obra, con un presupuesto que orillaba los US$ 1.200 millones, por cuenta del Estado nacional. Fue el último intento que se hizo en la pasada gestión para reactivar un proyecto que producto de la crisis económica quedó virtualmente paralizado.

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En el Gobierno estiman, según el informe preliminar de legales, que romper el contrato desencadenará una batalla judicial, en la que Ghella y SACDE, las compañías que conforman la unión transitoria de empresas (UTE) que está a cargo de la obra; cuentan con argumentos para lograr un resarcimiento importante. “Y aunque sea el 30 por ciento (del contrato) ya es mucho”, expusieron fuentes oficiales.

Algún reparo había deslizado el propio Meoni el mes pasado, cuando confirmó la intención oficial de no financiar la obra. “Tenemos tres etapas de discusión: una de carácter técnico sobre cómo se resuelve y se continúa la obra; y una segunda de carácter jurídico, acerca de si es posible esa rescisión sin impacto negativo para el Estado”, aclaró.

El asesoramiento del área jurídica fue determinante para que ahora el Gobierno replantee aquella medida. En la Rosada cuestionan a Dietrich por los términos de ese nuevo acuerdo. “Paralizó la obra en 2018 por falta de financiamiento y después consolida un nuevo contrato en julio por más presupuesto y con financiamiento total del Estado. Desde lo legal probablemente tenía atribuciones para hacerlo, pero es raro el momento en que lo hizo”, indican.

Desde el entorno de Dietrich, respondieron: “No hubo ningún contrato nuevo. El contrato es el mismo que el de 2008, durante la gestión de Cristina Kirchner. En 2019 sí hubo una modificación, algo que es muy común que se haga en obras plurianuales, en el método de construcción que justamente bajaba el costo de la obra y provocaba un ahorro de 10 millones de dólares”.

De todos modos, cuando planteó dar de baja el contrato, Meoni calculó que la obra podría demandar incluso más del presupuesto que había fijado la administración macrista: “Es necesario invertir más de 1500 millones de dólares y en el marco de la crisis que existe hoy no podemos llevar adelante una obra de esas características que, además, viene con muchas dificultades ya que están absolutamente paralizadas", detalló.

De esta manera, ahora el Gobierno trabaja en “un plan alternativo de menor impacto”. En principio, cambios técnicos en el proyecto, que reduzcan el monto a ejecutar.

La alternativa que barajó en su momento el macrismo y que empezó a analizar el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuando en diciembre se enteró de la decisión del Gobierno de no financiar más la obra y asumir, en consecuencia, de que la Ciudad iba a tener que afrontar el costo de la obra; fue reemplazar el soterramiento por el viaducto.

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Fue un esquema que se probó con éxito en los ferrocarriles Mitre y San Martín, obras emblemáticas de la Ciudad en los últimos años. Y que permitirían un ahorro importante.

En el Sarmiento, con el soterramiento se avanzó apenas 8 kilómetros (desde 2015 la tuneladora cubrió el tramo entre Haedo y Villa Luro) de los 18 km que comprende la traza entre Caballito y Castelar, con un presupuesto a razón de US$ 166 millones el kilómetro. En forma de viaducto, estiman, podría costar alrededor de US$ 30 millones por kilómetro.

Para afrontar ese gasto, en época de restricciones presupuestarias, también se evalúa buscar apoyo de organismos multilaterales, como el BID ó el Banco Mundial.

Con todo, el tema estará en la mesa de discusión con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación con la Nación, ya que el oficialismo quería que la obra pase directamente a ser financiada por cada distrito -es decir, Ciudad y Provincia- pero ahora encuentra un impedimento legal que complica los planes.

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