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Villa-Devoto

Primera reunión para resolver el hacinamiento en las cárceles bonaerenses.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia convocó a la Suprema Corte, al CELS, a la CPM y otras organizaciones para este jueves en La Plata.



La huelga de hambre que están realizando las personas privadas de su libertad llegó a sumar en su momento más crítico a cerca de diez mil internos en la provincia de Buenos Aires, en la cárcel de Devoto y en centros de detención de todo el país. Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), le dijo a Página/12 que la protesta pacífica, que comenzó el 5 de diciembre, es mantenida hasta este miércoles “en una docena de unidades, de las veinte que se habían adherido a la medida, pero las soluciones todavía no llegaron y ahora esperamos que se empiecen a generar”, a partir de la creación de la Mesa Interinstitucional de Diálogo, que quedará conformada este jueves, en la reunión convocada en La Plata por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Julio Alak.

A la convocatoria concurrirán integrantes de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, del Tribunal de Casación, de la Procuración General, de las Defensorías de Casación y Del Pueblo, de las Universidades Públicas Nacionales, del Poder Legislativo, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, de la CPM y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras organizaciones.

“Lo que está pasando se debe a la aplicación de una política que pone a la prisión preventiva como una regla y no como una excepción”, explicó el abogado Claudio Yacoy, presidente del Foro Nacional de Derechos Humanos y Acción Humanitaria. Yacoy sostuvo que “el 85 por ciento” de la población carcelaria está procesado sin condena firme, más allá de los límites establecidos por ley para la aplicación de la prisión preventiva.

En la resolución por la que se crea la Mesa de Diálogo, las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia bonaerense precisaron que en los cuatro años de gestión del gobierno de Cambiemos, la población en las cárceles de la provincia creció “a razón de 4 mil por año”, hasta llegar a un total de “51.000 personas privadas de su libertad”. Según esos datos oficiales, entre 2005 y el 2015, el incremento había sido, en total, de cuatro mil detenidos, pasando de 31.000 a 35.000. El ministerio señaló que la situación que se vive es de “franco colapso” dado que las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, las comisarías y alcaidías “carecen de las condiciones necesarias para asegurar los umbrales mínimos de atención en materia habitacional, alimentaria y sanitaria que el Estado argentino se ha comprometido a cumplir ante la comunidad internacional”.

César, un hombre detenido en el penal de Sierra Chica desde hace más de diez años, a través de sus familiares, denunció que la justicia lo priva de la posibilidad de acceder ya a las salidas transitorias, debido a que “el Servicio Penitenciario Bonaerense no me hace los estudios que tiene que hacer para que yo pueda acceder a ese derecho”. Julio, alojado en la Unidad 32 de Florencio Varela, reclamó “que se declare la emergencia sanitaria en las cárceles, que haya más comida y que la ley se aplique como corresponde”.

Cristian, desde el penal de Olmos, aseguró que lleva “cerca de dos años procesado, sin condena, por robo agravado, y esto es lo que está pasando en todas las cárceles del país; además a doce personas nos están obligando a convivir en un lugar donde sólo podrían estar ocho, todo porque los jueces siguen condenando nuestro pasado y no cumplen los códigos y las leyes vigentes”.

Maximiliano, de 29 años, detenido en la Unidad 2 de Villa Devoto, declaró a periodistas de los Medios Populares, que concurren al Centro Universitario que funciona allí, que se sumaron a la huelga el 9 de diciembre “para reclamar por derechos que nos corresponden que se están vulnerando”. Explicó que el problema “tiene que ver con las libertades que no se cumplen, con los beneficios que no se dan. Uno de los puntos es la Ley 24.660, el artículo 140, que es el estímulo educativo, que se da cuando hacés un curso, una capacitación laboral, y eso te adelantan los beneficios como la libertad transitoria, la asistida, y no se está cumpliendo”.

Maximiliano aclaró que se trata de “una huelga de hambre pacífica y una batucada por día. No queremos molestar a los vecinos ni nada por el estilo, queremos ser escuchados. A nadie le gusta no comer, yo llevo cinco días sin comer, no me siento bien, estoy engripado, estoy decaído, por momentos me desmayo, a nosotros no nos gusta hacer esto, pero hay que hacer algo para que se conozca el problema”.

Maximiliano pide que les den “la posibilidad de poder conocernos como personas, de poder crecer, ya basta de vigilar y castigar, castigar y castigar, porque con el castigo no aprendes, tomando conciencia sí, enseñando, ayudando, acompañando. Yo le hablaría directamente a la sociedad que no es tanto reprimir y castigar y lo que los medios de comunicación dicen y le enferman la cabeza: mirá lo que hizo el chorro, miráa lo que hizo el chorro, mirá lo que hizo el chorro. Sale a robar un pibe y lo linchan en la calle, pero en realidad ese pibe se está drogando, y la droga es un negocio de la gente que está mucho más allá arriba de todos nosotros”.

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