Una nueva ley porteña ordena a los importadores y a los distribuidores hacerse cargo de las pilas usadas
Pese a que en la ciudad de Buenos Aires se compran miles de pilas por día, el distrito no contaba con una norma que estableciera qué hacer con ellas una vez que terminara su vida útil; por eso, muchas terminaban mezcladas en la basura domiciliaria y eran enterradas en los rellenos sanitarios. Pero la situación cambiará: la Legislatura porteña ordenó hoy la creación de un plan llamado "de gestión ambiental de pilas en desuso", que obliga a los importadores y los distribuidores a desplegar y financiar un circuito de recuperación y disposición de estos artículos. El esquema, según estimaciones oficiales, se pondría en marcha progresivamente antes de fines de año.
La norma categoriza a las pilas como residuos peligrosos, dado que están compuestas por "materiales peligrosos que se propagan en los ecosistemas cuando se los descarta de manera inadecuada". Los residuos peligrosos son aquellos "que por su tamaño, volumen, cantidad y/o sus potenciales características de peligrosidad, nocividad o toxicidad, deben sujetarse a un plan de gestión diferente al que se utiliza en los residuos sólidos urbanos [RSU]".
Entre sus componentes, pilas y baterías tienen mercurio, plomo, cadmio, manganeso, litio, zinc y níquel. Estos metales pueden provocar daños neurológicos y algunos fueron catalogados como cancerígenos.
La ley, sancionada con 53 votos positivos, abarca a las pilas de uso común, entendidas como toda pila o acumulador portátil cuya geometría es asimilable a las definiciones ANSI cilíndricas AA, AAA, AAAA, C, D, N, prismáticas 9V y pilas botón, que se encuentran disponibles en la ciudad para su compra minorista y mayorista.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los porteños consumen 19 millones de pilas por año, es decir, un promedio de 12 unidades por persona. El porcentaje promedio de pilas y baterías agotadas que componen los RSU de la ciudad de Buenos Aires es del 0,0123% del total, unos 323 kilos por día, lo que equivale a 117 toneladas anuales desechadas de estos elementos.
Responsabilidad extendida Dentro del distrito no hay producción propia de estos productos sino que el 90% de las pilas alcalinas que ingresan provienen de tres grandes importadoras: Energizer, Newsan (importador de Duracell) y Rayovac.
La norma aprobada se basa sobre el principio de responsabilidad extendida del productor. Por eso convierte a eventuales futuros productores, importadores, distribuidores y comercializadores de pilas en encargados de su gestión en la etapa post consumo del ciclo útil.
Deberán presentar "un plan en forma individual o colectiva ante la autoridad de aplicación"; "financiar e implementar" el circuito correspondiente con, por ejemplo, contenedores especiales en los locales de venta y en lugares de acceso público para que los usuarios depositen los elementos usados.
Además, tendrán que "garantizar la trazabilidad de la gestión ambiental de las pilas en desuso y presentar la documentación requerida por la Agencia de Protección Ambiental (APRA)" y "brindar y difundir información a los consumidores.
Con respecto a la medida, la presidenta de la Comisión de Ambiente y legisladora de Vamos Juntos, Mercedes de las Casas, explicó: "No estamos hablando de un gran volumen de pilas. Y lo vamos a ir reduciendo de manera progresiva. Esta ley es la primera de responsabilidad extendida al productor que tiene nuestra ciudad, es la punta de lanza del plan integral que apunta a reducir residuos".
"Con este tipo de normas lo que buscamos es prevenir la contaminación y evitar que las pilas vayan al relleno sanitario de José León Suárez", sintetizó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli.
En 2008, se aprobó un plan de gestión integral de pilas y baterías recargables. "Esas pilas las recibimos en los puntos verdes de residuos electrónicos, reciben un tratamiento especial y muchos de sus componentes son reciclados", recordó Macchiavelli. Actualmente, la Ciudad cuenta con cuatro puntos verdes móviles que recorren los distintos barrios y con dos puntos fijos, en Parque Centenario y Villa Devoto, para la recolección de pilas recargables.
La norma categoriza a las pilas como residuos peligrosos, dado que están compuestas por "materiales peligrosos que se propagan en los ecosistemas cuando se los descarta de manera inadecuada". Los residuos peligrosos son aquellos "que por su tamaño, volumen, cantidad y/o sus potenciales características de peligrosidad, nocividad o toxicidad, deben sujetarse a un plan de gestión diferente al que se utiliza en los residuos sólidos urbanos [RSU]".
Entre sus componentes, pilas y baterías tienen mercurio, plomo, cadmio, manganeso, litio, zinc y níquel. Estos metales pueden provocar daños neurológicos y algunos fueron catalogados como cancerígenos.
La ley, sancionada con 53 votos positivos, abarca a las pilas de uso común, entendidas como toda pila o acumulador portátil cuya geometría es asimilable a las definiciones ANSI cilíndricas AA, AAA, AAAA, C, D, N, prismáticas 9V y pilas botón, que se encuentran disponibles en la ciudad para su compra minorista y mayorista.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los porteños consumen 19 millones de pilas por año, es decir, un promedio de 12 unidades por persona. El porcentaje promedio de pilas y baterías agotadas que componen los RSU de la ciudad de Buenos Aires es del 0,0123% del total, unos 323 kilos por día, lo que equivale a 117 toneladas anuales desechadas de estos elementos.
Responsabilidad extendida Dentro del distrito no hay producción propia de estos productos sino que el 90% de las pilas alcalinas que ingresan provienen de tres grandes importadoras: Energizer, Newsan (importador de Duracell) y Rayovac.
La norma aprobada se basa sobre el principio de responsabilidad extendida del productor. Por eso convierte a eventuales futuros productores, importadores, distribuidores y comercializadores de pilas en encargados de su gestión en la etapa post consumo del ciclo útil.
Deberán presentar "un plan en forma individual o colectiva ante la autoridad de aplicación"; "financiar e implementar" el circuito correspondiente con, por ejemplo, contenedores especiales en los locales de venta y en lugares de acceso público para que los usuarios depositen los elementos usados.
Además, tendrán que "garantizar la trazabilidad de la gestión ambiental de las pilas en desuso y presentar la documentación requerida por la Agencia de Protección Ambiental (APRA)" y "brindar y difundir información a los consumidores.
Con respecto a la medida, la presidenta de la Comisión de Ambiente y legisladora de Vamos Juntos, Mercedes de las Casas, explicó: "No estamos hablando de un gran volumen de pilas. Y lo vamos a ir reduciendo de manera progresiva. Esta ley es la primera de responsabilidad extendida al productor que tiene nuestra ciudad, es la punta de lanza del plan integral que apunta a reducir residuos".
"Con este tipo de normas lo que buscamos es prevenir la contaminación y evitar que las pilas vayan al relleno sanitario de José León Suárez", sintetizó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli.
En 2008, se aprobó un plan de gestión integral de pilas y baterías recargables. "Esas pilas las recibimos en los puntos verdes de residuos electrónicos, reciben un tratamiento especial y muchos de sus componentes son reciclados", recordó Macchiavelli. Actualmente, la Ciudad cuenta con cuatro puntos verdes móviles que recorren los distintos barrios y con dos puntos fijos, en Parque Centenario y Villa Devoto, para la recolección de pilas recargables.
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