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Un sobreviviente de la masacre de Villa Devoto reclama que se investigue a funcionarios judiciales.

Hugo Cardozo, sobreviviente de la masacre que el Servicio Penitenciario Federal perpetró en marzo de 1978 en la cárcel, celebró que la Justicia haya declarado el caso como delito de lesa humanidad.
  


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Un sobreviviente de la masacre de Villa Devoto reclama que se investigue a funcionarios judiciales (Click para ver galer√≠a)   
23/8/14

"Hubo autores materiales de aquella masacre y deben ser castigados, pero no hay que olvidarse de los funcionarios judiciales que no actuaron como correspond√≠a y que encubrieron los hechos", se√Īal√≥ Cardozo en di√°logo con T√©lam.

Cardozo ten√≠a 19 a√Īos y estaba alojado en el pabell√≥n 7 de la c√°rcel de Villa Devoto cuando el 13 de marzo de 1978, agentes del SPF ejercieron un brutal castigo colectivo contra los detenidos por una supuesta falta disciplinaria que se habr√≠a producido la noche anterior.

Los guardias reprimieron a tiros y en medio de las refriegas con los presos se gener√≥ un incendio en el que perecieron 64 personas, al menos ese es el n√ļmero de v√≠ctimas reconocido de forma oficial.

"Este caso se investigará ahora como delito de lesa humanidad y se va a conocer toda la verdad. Hubo muchas más víctimas en esa represión", apuntó Cardozo.

El viernes pasado la Sala I de la Cámara de Apelaciones declaró la Masacre de Villa de Devoto como delito de lesa humanidad.

De esta forma, el tribunal revirti√≥ la decisi√≥n que hab√≠a tomado el juez Daniel Rafecas, quien hab√≠a rechazado a principios de a√Īo que el caso se investigue como un crimen imprescriptible.

La Sala I dispuso que Rafecas, juez a cargo de la megacausa del primer cuerpo de Ejército, inicie un proceso de lesa humanidad, ya que el SPF se encontraba bajo órdenes de esa fuerza en 1978.

"Sent√≠ una alegr√≠a enorme cuando me dieron la noticia. Pienso que es el final de una etapa y el comienzo de otra en la que haremos justicia despu√©s de tantos a√Īos de impunidad", remarc√≥ Cardozo, que actualmente trabaja como empleado p√ļblico en la provincia de Buenos Aires.

Cardozo comenz√≥ a peregrinar en busca de Justicia hace m√°s de una d√©cada, hasta que una nota period√≠stica que le hizo un diario de La Plata (ciudad donde reside) cuando se cumplieron 30 a√Īos de los hechos y la pel√≠cula "El T√ļnel de los Huesos", del realizador Ignacio Garassino, contribuyeron a darle visibilidad al caso.

"Anduve por todos lados buscando respuestas que no me dieron. Todo se empez√≥ a mover con esa nota y despu√©s con la pel√≠cula de Nacho, que cuenta la historia de una fuga en Devoto. Haciendo un t√ļnel, los presos se encontraron con restos humanos que seguramente eran de mis compa√Īeros", repas√≥.

Y agregó: "A través de Nacho me contacté con la abogada Claudia Cesaroni. Nos reunimos en una confitería en septiembre de 2011 y comenzamos militar esta causa con el objetivo de hacer justicia".

Cesaroni, abogada penalista y escritora, impuls√≥ la formaci√≥n de un equipo de investigaci√≥n que se propuso tres objetivos: se√Īalizar la c√°rcel de Villa Devoto como un lugar en el cual se cometieron delitos de lesa humanidad; escribir un libro sobre el caso (Masacre del Pabell√≥n 7) y presentar una denuncia judicial.

"Fueron tres a√Īos muy duros. Hubo altibajos, cosas que tuve que revivir que me hicieron da√Īo. Siento que ahora, gracias a lucha que dimos con el colectivo que formamos podemos ir por la verdad", subray√≥ Cardozo.

Los principales acusados en la denuncia que presentó el colectivo legal encabezado por Cesaroni son el coronel Jorge Antonio Dotti, jefe del SPF en 1978; el prefecto Juan Carlos Ruiz; al alcaide mayor Horacio Galíndez; y el subalcaide Víctor Dinamarca, represor en el centro clandestino de detención El Vesubio.

Además, se solicita revisar la actuación que tuvieron ante la masacre los tres funcionarios judiciales que actuaron en la instrucción de los hechos.

Se trata del juez Guillermo Rivarola; su entonces secretario, Enrique Guanziroli, y el fiscal Julio César Strassera, quien lideró la acusación en el Juicio a las Juntas en 1985.

"Son tres integrantes del Poder Judicial que no hicieron lo que debían ante esta matanza. No constataron que hubo heridas de balas. Me parece que la democracia no puede haber funcionarios relacionados con violaciones a los derechos humanos", puntualizó.



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