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Villa-Devoto

Hay sólo dos jueces para controlar a 3.000 presos.

SOCIEDAD
Noticias.
Son del fuero de Ejecución Penal. Uno de ellos fue el que decidió liberar al violador reincidente que ahora está detenido por matar a una mujer en Resistencia.

Expedientes apilados.


25/10/12

Tatiana Kolodziez (33) fue violada y asesinada por un hombre sentenciado a 24 años de prisión por cuatro violaciones ; un hombre que –tal como posibilita la ley– había recuperado su libertad luego de cumplir las dos terceras partes de la condena; un hombre que no había respetado las condiciones de su libertad provisoria (manejando un remís cuando lo tenía expresamente prohibido ) y al que, en la práctica, nadie estaba controlando . El crimen ya tiene un detenido y un juez que quedó en medio de la polémica por dejar salir al preso a pesar de la opinión adversa de un informe forense. Sin embargo, lo que ocurrió esta semana en el Chaco forma parte de un contexto general aún más grave : el total colapso del fuero de Ejecución Penal de la Nación, donde hay sólo dos jueces para llevar adelante más de 50.000 expedientes , según las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia. El fuero tiene cinco juzgados, pero de ellos funcionan sólo tres y uno está acéfalo , de manera que los únicos dos jueces que quedan se turnan para llevarlo adelante. Según cifras del Servicio Penitenciario Federal a septiembre pasado, de esos dos jueces de Ejecución –Axel López y Marcelo Peluzzi– dependen los 3.000 condenados por la justicia de Capital alojados en cualquiera de las 36 cárceles federales del país. A estos presos hay que sumarles condenados en libertad condicional (como el sospechoso del crimen de Tatiana, que vivía en Chaco pero había sido condenado en Capital), los que tienen penas en suspenso y las probation, que también deben supervisar y suman más de 20.000 . El cúmulo de trabajo es tal que son pocos los aspirantes que se presentan a los concursos para ocupar los cargos . Ante esta situación extrema, que también se vive en la única fiscalía de Ejecución (a cargo de un secretario), el 5 de octubre pasado el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, le envió una nota al presidente de la Cámara de Casación Penal, Pedro David, autoridad de la que depende el fuero de Ejecución Penal. En el escrito se le pide que –tal como habían solicitado los jueces actuales, López y Peluzzi– se nombrara de emergencia a alguien para ocupar el Juzgado de Ejecución N°1, que ambos subrogan por turnos. “El cúmulo de causas, la cantidad de detenidos a disposición y las grandes distancias a recorrer para entrevistarlos hace que los juzgados existentes se vean totalmente sobrepasados. Ello, en detrimento de la administración de Justicia y con la consecuente dificultad de acceso por parte de las personas detenidas”, dijo Mugnolo que, en términos similares, ya había denunciado esta situación ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, el 16 de agosto de 2010. La respuesta de Casación llegó enseguida. Le dio la razón a los jueces y a Mugnolo. A su vez decidió, en la misma resolución (N°1361), “poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura la situación de la Justicia Nacional de Ejecución Penal para que se inste la pronta conclusión del trámite de los concursos pendientes, a fin de cubrir las vacantes existentes en los juzgados Nacionales de Ejecución Penal 1, 2, y 5”. Es decir, que se nombren los jueces que faltan . En el mismo escrito, Casación explicó que el 2 de octubre se pidió a los jueces de los tribunales orales criminales que se postularan para cubrir provisoriamente la vacante del Juzgado 1 para aliviar un poco la situación. Pero de 90 jueces sólo respondieron dos. Finalmente se eligió a Domingo Luis Altieri para ocupar el cargo entre el 1° de noviembre próximo y el 30 de abril de 2013. “La cantidad de expedientes y la forma en la que está diseñado el sistema no permiten cumplir cabalmente con el trabajo. Los jueces deben atender cada caso, no sólo resolverlo, y a eso se suman las deficiencias del Patronato de Liberados y del sistema penitenciario”, explicó a Clarín Gustavo Plat, abogado especialista en Ejecución Penal y uno de los candidatos para ocupar el cargo de fiscal en el fuero, proceso que no finalizó porque el Gobierno aún no eligió qué postulación impulsará . Según Plat, “la crisis de Ejecución obligó en 2009 a sacarle a los jueces del fuero el control de los condenados de los tribunales en lo Penal Económico, Penal Tributario y Federal. Pero, aún así, los casos a tratar son miles porque, a diferencia de los otros jueces que procesan o condenan y se liberan del expediente, el juez de Ejecución interviene en un caso durante años , hasta que el condenado o la persona que firmó una probation cumpla con la totalidad de la sanción o regla de conducta que se le impuso”. “Hay una emergencia real. Hay una falta de atención sobre el Fuero de Ejecución Penal, que está sobrepasado. El Patronato de Liberados, además de obsoleto, no da abasto. A eso se suma que el fiscal se opone automáticamente a todo, pero una vez que el juez resuelve no apela. Eso es una manera de lavarse las manos ”, agregó Mugnolo. Los números dicen lo mismo que los expertos. Según cifras de la Corte, en 2010 el fuero de Ejecución empezó el año con unos 50.000 expedientes en trámite y, a lo largo del año, sumaron 7.000 más. En doce meses, los dos jueces a cargo resolvieron 7.500 trámites (entre ellos, 679 libertades condicionales aprobadas y 46 rechazadas) . Terminaron 2010 más o menos como habían empezado: tapados, otra vez, por más de 50.000 expedientes.

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