Boudou, acusado de enriquecimiento ilícito.
Boudou, acusado de enriquecimiento ilícito.
El fiscal Di Lellolo imputó junto con su socio, su pareja y el titular de la ex Ciccone. El juez Lijo decidiría hoy cómo sigue la causa.
 Pareja imputada. Además del vice, la Justicia Federal investiga a su novia, la periodista Agustina Kampfer . |
15/05/12
El vicepresidente, Amado Boudou, fue acusado por el fiscal federal Jorge Di Lello de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y encubrimiento y lavado de activos, los que habría cometido cuando era ministro de Economía, en una causa independiente de la ex Ciccone Calcográfica en la que está acusado de supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La misma acusación alcanzó también al socio y amigo de Boudou José María Núñez Carmona; a la novia del vicepresidente, la periodista de televisión Agustina Kampfer, y al titular de la ex Ciccone Calcográfica (hoy Compañía de Valores Sudamericana), Alejandro Vanderbroele.
Técnicamente, la decisión del fiscal es una imputación porque ante la denuncia, presentada el 6 de marzo pasado por el periodista Christian Sanz, podría haberla desestimado o bien haber dispuesto medidas preliminares. Di Lello, en cambio, le pidió al juez federal Ariel Lijo que avance en la investigación. El magistrado puede aceptar el pedido, rechazarlo u ordenar algunas de las medidas solicitadas.
La resolución del fiscal tiene una fuerte dosis de oportunidad. Sucede después de que la causa por la ex Ciccone Calcográfica había perdido impacto político a raíz de contradenuncias hechas por Boudou. También porque esta investigación es sobre un presunto delito más grave (enriquecimiento ilícito y encubrimiento y lavado de activos) que el de la otra (incumplimiento de los deberes de funcionario público).
Lijo es, además, el juez que tiene que decidir sobre la continuidad o no del fiscal federal Carlos Rívolo al frente de la investigación de la ex Ciccone. Es probable que hoy tome una decisión, dijeron fuentes tribunalicias a este diario.
Sobre Lijo derivó por sorteo el caso de la ex Ciccone después que la Sala 1 de la Cámara Federal aceptó apartar al juez Daniel Rafecas, también a pedido de la defensa de Núñez Carmona. Ocurrió luego de que el vice vinculó públicamente la denuncia en su contra por esa empresa, cuya quiebra él habría impedido para que fuera rescatada por Vanderbroele, a Rafecas y Rívolo; al estudio jurídico del ex procurador General de la Nación, Esteban Righi, que días después renunció, y al titular de la Bolsa de Buenos Aires, Adelmo Gabbi.
Comprobación. En su imputación, Di Lello le pidió a Lijo que se investigue a “las personas y empresas mencionadas” en la denuncia del periodista Sanz, las cuales “podrían estar involucrados como accionistas y o integrantes de distintas sociedades”.
Las empresas denunciadas son trece. Entre ellas está Compañía Sudamericana de Valores y The Old Fund, un fondo de inversión de donde habría procedido el dinero para el salvataje de la quiebra de la ex Ciccone.
Aunque el denunciante nunca ratificó la denuncia, el fiscal tuvo en cuenta que “se verificó la existencia de numerosas mediatizadas causas en trámite, más de 10 con contenido patrimonial, en contra de los denunciantes, cuya trascendencia institucional” obliga a “impulsar la investigación”.
Entre las medidas que le pidió al juez están que se libren oficios a entidades bancarias para conocer los ingresos de los imputados y a otros organismos para obtener sus declaraciones juradas.
Señaló en ese sentido que al vice se le atribuye la compra en Pinamar de terrenos en un exclusivo barrio privado; participación en varias sociedades, entre ellas la Compañía de Valores Sudamericana, y cuentas abiertas en los bancos Nación, Francés y Citibank.
La figura legal
Imputación. El fiscal Jorge Di Lello promovió una acción penal por presunto enriquecimiento ilícito que abarca, entre otros, al vicepresidente Amado Boudou. Ayer se argumentó que, para estar técnicamente imputado, un juez debería aceptar primero el planteo del fiscal. Sin embargo, la imputación está vigente. “La promoción de acción y requerimiento de instrucción es lo mismo, es la pieza por la cual el fiscal describe un hecho ilícito y dice quiénes serían los responsables. Ya se puede decir que está imputado”, explicó a este diario una fuente de la
Justicia Federal de Córdoba. Otra fuente del mismo ámbito dijo: “Boudou está imputado. De hecho, en el Manual de Derecho Procesal Penal” de las cátedras de la Universidad Nacional de Córdoba se lee: “Para adquirir la calidad de imputado se requiere una indicación, que puede provenir de un señalamiento expreso (v. gr., requerimiento fiscal, art. 341), de un acto objetivo que implique sospecha oficial (...) o que genere medidas de coerción (...) siempre que se atribuya a una persona determinada alguna forma de participación en un delito”.
El vicepresidente, Amado Boudou, fue acusado por el fiscal federal Jorge Di Lello de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y encubrimiento y lavado de activos, los que habría cometido cuando era ministro de Economía, en una causa independiente de la ex Ciccone Calcográfica en la que está acusado de supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La misma acusación alcanzó también al socio y amigo de Boudou José María Núñez Carmona; a la novia del vicepresidente, la periodista de televisión Agustina Kampfer, y al titular de la ex Ciccone Calcográfica (hoy Compañía de Valores Sudamericana), Alejandro Vanderbroele.
Técnicamente, la decisión del fiscal es una imputación porque ante la denuncia, presentada el 6 de marzo pasado por el periodista Christian Sanz, podría haberla desestimado o bien haber dispuesto medidas preliminares. Di Lello, en cambio, le pidió al juez federal Ariel Lijo que avance en la investigación. El magistrado puede aceptar el pedido, rechazarlo u ordenar algunas de las medidas solicitadas.
La resolución del fiscal tiene una fuerte dosis de oportunidad. Sucede después de que la causa por la ex Ciccone Calcográfica había perdido impacto político a raíz de contradenuncias hechas por Boudou. También porque esta investigación es sobre un presunto delito más grave (enriquecimiento ilícito y encubrimiento y lavado de activos) que el de la otra (incumplimiento de los deberes de funcionario público).
Lijo es, además, el juez que tiene que decidir sobre la continuidad o no del fiscal federal Carlos Rívolo al frente de la investigación de la ex Ciccone. Es probable que hoy tome una decisión, dijeron fuentes tribunalicias a este diario.
Sobre Lijo derivó por sorteo el caso de la ex Ciccone después que la Sala 1 de la Cámara Federal aceptó apartar al juez Daniel Rafecas, también a pedido de la defensa de Núñez Carmona. Ocurrió luego de que el vice vinculó públicamente la denuncia en su contra por esa empresa, cuya quiebra él habría impedido para que fuera rescatada por Vanderbroele, a Rafecas y Rívolo; al estudio jurídico del ex procurador General de la Nación, Esteban Righi, que días después renunció, y al titular de la Bolsa de Buenos Aires, Adelmo Gabbi.
Comprobación. En su imputación, Di Lello le pidió a Lijo que se investigue a “las personas y empresas mencionadas” en la denuncia del periodista Sanz, las cuales “podrían estar involucrados como accionistas y o integrantes de distintas sociedades”.
Las empresas denunciadas son trece. Entre ellas está Compañía Sudamericana de Valores y The Old Fund, un fondo de inversión de donde habría procedido el dinero para el salvataje de la quiebra de la ex Ciccone.
Aunque el denunciante nunca ratificó la denuncia, el fiscal tuvo en cuenta que “se verificó la existencia de numerosas mediatizadas causas en trámite, más de 10 con contenido patrimonial, en contra de los denunciantes, cuya trascendencia institucional” obliga a “impulsar la investigación”.
Entre las medidas que le pidió al juez están que se libren oficios a entidades bancarias para conocer los ingresos de los imputados y a otros organismos para obtener sus declaraciones juradas.
Señaló en ese sentido que al vice se le atribuye la compra en Pinamar de terrenos en un exclusivo barrio privado; participación en varias sociedades, entre ellas la Compañía de Valores Sudamericana, y cuentas abiertas en los bancos Nación, Francés y Citibank.
La figura legal
Imputación. El fiscal Jorge Di Lello promovió una acción penal por presunto enriquecimiento ilícito que abarca, entre otros, al vicepresidente Amado Boudou. Ayer se argumentó que, para estar técnicamente imputado, un juez debería aceptar primero el planteo del fiscal. Sin embargo, la imputación está vigente. “La promoción de acción y requerimiento de instrucción es lo mismo, es la pieza por la cual el fiscal describe un hecho ilícito y dice quiénes serían los responsables. Ya se puede decir que está imputado”, explicó a este diario una fuente de la
Justicia Federal de Córdoba. Otra fuente del mismo ámbito dijo: “Boudou está imputado. De hecho, en el Manual de Derecho Procesal Penal” de las cátedras de la Universidad Nacional de Córdoba se lee: “Para adquirir la calidad de imputado se requiere una indicación, que puede provenir de un señalamiento expreso (v. gr., requerimiento fiscal, art. 341), de un acto objetivo que implique sospecha oficial (...) o que genere medidas de coerción (...) siempre que se atribuya a una persona determinada alguna forma de participación en un delito”.
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