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Las Madres de Plaza de Mayo desmienten el cierre de la Fundación.

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Sociedad.

Mediante un comunicado rechazaron la versión que apuntaba que la entidad dejaría de realizar sus actividades. “Parimos con amor cada uno de estos proyectos como a nuestros hijos y como a ellos, no los abandonaremos”, indicó el texto.
Hebe de Bonafini, mediante un comunicado de prensa, negó la posibilidad de que la Asociación Madres de Plaza de Mayo planee cerrar sus puertas ante las irregularidades encontradas en el manejo de fondos para la construcción de viviendas. Recalcó en el texto que “en ningún momento” se barajó esa chance.

En el comunicado, la entidad “niega terminantemente” la versión publicada hoy en el diario La Nación en la que se afirma que se evalúa el cierre de la fundación con la que gestionaron cientos de millones de pesos provistos por el Estado.

“La Asociación continuará con la Universidad Popular con los mil alumnos que cuenta hoy en día, el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), la Radio de las Madres, el Café Literario Osvaldo Bayer, la Librería y la Biblioteca Popular Julio Huasi”, explica el texto.

Por otra parte, agrega: “Las Madres parimos con amor cada uno de estos proyectos como a nuestros hijos y, como a ellos, no los abandonaremos”.

El ex apoderado de las Madres, Sergio Schoklender, está imputado por presunto fraude a la entidad en el programa de construcción de miles de viviendas con fondos aportados por el Estado.
Bonafini denunció a Schoklender en la Justicia por presunto fraude en el uso de esos fondos y lavado de dinero, pero el ex apoderado contraatacó acusándola de desviar dinero de Madres para financiamiento político del oficialismo y de tener cuentas bancarias en el extranjero.

La organización es querellante en el caso a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, a quien Schocklender acusó de "querer planchar la causa, por orden del gobierno, para enfriar la investigación hasta después de las elecciones (presidenciales

El programa de viviendas que administraba Madres de Plaza de Mayo pasó a manos de las jurisdicciones provinciales en los distritos donde se lleva a cabo, en un intento del gobierno por imponer mayores controles en medio del escándalo.



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