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Denuncian maltratos en carcel de Devoto.

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Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nacion (PPN) además confirma que sólo 4 de cada 10 presos en las cárceles federales tiene una sentencia confirmada.



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Denunciaron al menos 343 maltratos y torturas en cárceles federales en el primer semestre de 2017
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13/9/2017

Al menos 343 casos de maltratos y torturas en las cárceles federales de todo el país se registraron en el primer semestre del año, lo cual derivó en la presentación de 120 denuncias penales ante la Justicia, según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nacion (PPN).

Los datos surgen del último estudio que el organismo dio a conocer luego de que el titular del área, Francisco Mugnolo, se presentó el miércoles último en el Senado, donde consideró que "es gravísima" la situación de los penales federales y advirtió que el Estado tendrá que "afrontar en poco tiempo un serio problema".



El penal donde se registraron mayor cantidad de casos es el Complejo Federal Penitenciario I (Ezeiza), con 92 hechos; seguido de la cárcel de Marcos Paz, alrededor de 40; la Unidad 4 de Santa Rosa, La Pampa, 35; el complejo de mujeres de Ezeiza, 32; la cárcel de Villa Devoto, con 28 y el anexo del Complejo Federal de Jóvenes Adultos de Ezeiza, con 19.

"Las cosas que pasan en la cárcel son tremendas, cuesta pensar que no podemos resolver esta cuestión. En las cárceles se tortura y no es cierto que en la Argentina no se tortura", aseguró el funcionario, quien opinó que "hay todo un movimiento que pretende replantear la gestión de la cárcel y eso se debe coordinar con una acción legislativa".

El informe indicó que "la cantidad de casos de agresiones físicas registrados por la PPN no pretende representar el volumen de la violencia penitenciaria habida cuenta de la llamada 'cifra negra'", pero los episodios documentados deben ser entendidos como un "piso mínimo" para comprender la sistematicidad y estructura de estas prácticas institucionales.



"Cerca de veinte agentes de requisa me pegaron con palos y trompadas mientras estaba esposado. Empecé a correr por el pasillo porque sentía que me iban a matar. Me agarraron e intentaron abusar sexualmente de mi. Me hicieron bajar los pantalones y me acercaban un palo a los genitales", denunció un detenido en Marcos Paz a la PPN.

Otro preso de Ezeiza aseguró que estaba hablando con un guardia porque no se cumplía la orden judicial de que lo filmaran las 24 horas del día y de que repente, un agente le pegó un palazo y él corrió hacia el fondo.

"Cuando me agarraron, me tiraron al piso y me pegaron patadas, también se me tiraban encima aplastándome. Ahí me tiran gas pimienta en la boca y en los genitales. Después me pegaron con una manopla en el brazo fracturado y me lo doblaron", afirmó.

En cuanto a la evolución histórica de las torturas, de acuerdo al estudio pasaron de 197 hechos en 2009 a 606 el año pasado, aunque el pico máximo se registró en 2014 con 823 casos.

Si bien no hay datos de este año, también se recordó que entre 2009 y 2016 hubo 152 muertes por causas violentas en las cárceles y que el año pasado se produjeron 14.



Al hablar en el Senado, Mugnolo sostuvo que se han registrado "nueve muertes por ahorcamiento" en prisiones federales en los últimos meses y precisó que hubo casos de reclusas que han fallecido así, una práctica que hasta ahora -aclaró- no se detectaba en la población carcelaria femenina.

Otros datos del informe ratifican una tendencia que se mantiene en los últimos meses y es el crecimiento de la población penitenciaria a niveles históricos: en el segundo trimestre del año el número de detenidos alcanzaba a 11.531 internos, mientras que en 2014, por ejemplo, era de 9.800.

El informe atribuyó la denominada "inflación penitenciaria" al uso sistemático de la prisión preventiva, la baja utilización de las medidas alternativas a la cárcel, la reducida aplicación de libertades anticipadas y la presión de la opinión pública en los actuales debates acerca del binomio seguridad-inseguridad, entre otros indicadores.

Para la PPN, las proyecciones futuras de este fenómeno "resultan poco auspiciosas" teniendo en cuenta la sanción de la norma que modificó la ley de Ejecución Penal, que impide acceder a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida a los condenados por homicidios y robos agravados, secuestro seguido se muerte, delitos sexuales, tortura seguida de muerte y trata de personas, entre otros delitos.

El informe también recogió datos que se mantuvieron iguales en los últimos años: el 60% de los detenidos en el SPF se encuentra cumpliendo prisión preventiva y sólo el resto tiene condena firme, lo que significa que sólo 4 de cada 10 presos tiene una sentencia confirmada.

La Procuración Penitenciaria también alerto sobre el "uso exacerbado" de la prisión preventiva y la privación de la libertad de las mujeres embarazadas o con hijos en condiciones de acceder, decisión judicial mediante, a una prisión domiciliaria.

En el segundo trimestre de este año, había 830 mujeres detenidas en total, de las cuales 34 se encontraban alojadas con sus hijos y 13 embarazadas, aunque el número bajó si se lo compara, por ejemplo, con 2012, cuando había 75 reclusas en alguna de las dos situaciones.



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