Villa Devoto: El primer “relato salvaje” y una discusión que dividió al país

Aniversario. Hace 25 años, el ingeniero Horacio Santos mataba en Villa Devoto a dos ladrones que, desarmados, le habían robado el pasacasete de su Renaul Fuego. Un caso que generó un debate inédito sobre la "justicia por mano propia".


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16/6/15

Tan obsoletos son hoy los pasacasetes como los 80 mil australes que pagaba un reducidor de autos por uno robado. En 1990 se calculaba que se robaban unos 10 mil al año. Pero uno, solamente uno, desató una tragedia de muchas aristas y un debate nacional que fracturó al país en opiniones irreconciliables. El caso del ingeniero Santos, del que hoy se cumplen 25 años, fue uno de los primeros "relatos salvajes" en la vida real.

Ocurrió un sábado al mediodía. El ingeniero químico Horacio Santos, de 42 años, y su esposa Norma estaban comprando zapatos en una galería comercial de Villa Devoto cuando escucharon el sonido de una alarma y se dieron cuenta que se trataba de su auto, una cupé Renault Fuego.

Salieron del local lo suficientemente rápido para ver cómo dos hombres se escapaban en un viejo Chevrolet sedán. Eran Osvaldo Aguirre y Carlos González, dos recientes desempleados con algunos antecedentes por robos y otros delitos menores. Le habían robado el pasacasete a Santos.

El ingeniero agarró a su mujer y salió en persecución de los dos hombres. Más tarde diría que estaba obnubilado por la furia, que ya le habían robado el pasacasete 12 veces, que había sufrido varios episodios delictivos más. Alcanzó a la Chevy y le cerró el paso en la esquina de Pedro Morán y Campana, en Villa Devoto.

Con los dos autos frenados, la mujer de Santos se asustó con un movimiento en el Chevrolet. Gritó: "¡Nos van a matar!". Santos tomó un revolver calibre 32 que tenía en su auto y disparó dos veces, con asombrosa precisión.

Las dos balas alcanzaron a Aguirre y González en sus cabezas. Los dos ladrones murieron al instante. Estaban desarmados.

El ingeniero químico fue detenido, acusado por el doble homicidio. Y el caso pronto dividió aguas. En el boca a boca, en los comentarios en la calle, en los bares, de pronto se convirtió en uno de esos temas en los que todos deben tomar postura. Quienes defendían o reivindicaban la actitud de Santos comenzaron a hablar del ingeniero como un "justiciero".



La ola fue tan arrolladora que, al día siguiente, tanto el ministro del Interior, Julio Mera Figueroa, como el secretario de Legal y Técnica, Raúl Granillo Ocampo, y hasta el juez de la Corte Rodolfo Barra, salieron a advertir sobre el peligro de incentivar a la sociedad a aprobar este tipo de hechos. El presidente Menem priorizó su olfato político a la racionalidad legal, y tiró algo de nafta. No legitimó la conducta del ingeniero Santos, pero... "Yo no sé cómo habría obrado en una situación similar. Habría que estar adentro de su piel", dijo en el programa de Bernardo Neustadt.

El abogado defensor de Santos puso un poco de cordura al comienzo de las pericias psicológicas. "No se trata de determinar si lo que hizo Santos está bien o mal. Lo que tenemos que conocer es si en ese momento tenía plena conciencia de que estaba actuando mal o si se encontraba circunstancialmente alterado. Tenemos que saber si había perdido sus frenos inhibitorios", dijo Eduardo Gerome.

El abogado, tras visitar a Santos en la cárcel de Caseros, también transmitió palabras del ingeniero. Dijo que no quería "ser considerado un adalid de la justicia por mano propia".

Una encuesta de CEOP encargada por Clarín tras el hecho descubrió el marco en el que el caso Santos había explotado: casi un 77% de los encuestados admitía que no se sentía protegido ni por leyes, ni por la Policía, ni por los jueces. Y ocho de cada diez decía que había impunidad para los delitos. Por último, el 43 por ciento de los encuestados "hubiera hecho lo mismo" que Santos en una situación similar.

El caso se convirtió en un emblema y la discusión nunca se saldó. Tras un largo proceso, Santos fue condenado a 12 años de prisión por el doble crimen. Pero en 1995, la Cámara Penal le redujo la pena a tres años en suspenso porque opinó que había actuado en un exceso de legítima defensa.



Y después

Santos jamás quiso hablar con la prensa. Además del juicio penal, hubo un proceso civil de las familias de los dos ladrones muertos. Santos acordó la cesión de un departamento a la familia de González y, ya a más de diez años del sábado fatal, un monto de dinero a la de Aguirre. Continuaba trabajando en una empresa especializada en tratamientos de superficie y corrosión y su abogado contó que no había vuelto a tomar un arma y que no la tomaría nunca más.






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