Masacre de Villa Devoto: A 37 años de los hechos, pudo declarar un sobreviviente
Hugo Cardozo, sobreviviente de la masacre del Pabellón 7, perpetrada en 1978 por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la Cárcel de Villa Devoto, declaró ayer en el Juzgado Federal Número 3, en la reapertura de un caso que fue declarado como un delito de lesa humanidad.
"Hice lo que debía por la memoria de mis compañeros asesinados", afirmó
“Siento que dimos un paso muy grande para hacer Justicia. Iniciamos el camino de la verdad para con mis compañeros y los 64 muertos que hubo ese día”, señaló Cardozo al salir del Juzgado que encabeza Daniel Rafecas y tiene a cargo la investigación.
El sobreviviente, que en 1978 tenía 19 años y se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria de Villa Devoto, brindó su testimonio ante dos secretarios del juzgado
y el abogado defensor de Juan Carlos Ruiz, funcionario del SPF al momento de la masacre. “Reviví todo lo que pasó ese día. Los balazos, el fuego, mis compañeros que caían heridos y como nos trasladaron a los que vivimos para contarla. En un momento, el abogado de Ruiz me preguntó si podía contestarle y le dije que sí, que su defendido tiene la oportunidad que no tuvimos nosotros, de ser escuchados por un Tribunal”, dijo.
El 14 de marzo de 1978, agentes del SPF ejercieron un brutal castigo colectivo contra los detenidos del Pabellón 7 de Villa Devoto por una supuesta falta disciplinaria
que se habría producido la noche anterior. Los guardias reprimieron a tiros y en medio de las refriegas con los presos se generó un incendio en el que perecieron 64 personas, al menos ese es el número de víctimas reconocido de forma oficial.
Cardozo comenzó a peregrinar en busca de Justicia hace más de una década, hasta que una nota periodística que le hizo un diario de La Plata (ciudad donde reside) cuando se cumplieron 30 años de los hechos, permitió darle visibilidad a su lucha.
Junto con la abogada penalista Claudia Cesaroni inició una investigación sobre esa matanza que quedó plasmada en el libro Masacre en el Pabellón 7. En base a ese trabajo, el colectivo legal y social que lideró Cesaroni inició un reclamo para que esa causa se investigara como delito de lesa humanidad.
En agosto del año pasado, la Sala I de la Cámara de Apelaciones accedió a esa solicitud y resolvió que la masacre de Villa Devoto era un crimen imprescriptible, por
haber sido cometido por agentes de una fuerza de seguridad. Al ser consultado sobre los motivos que originaron la represión, Cardozo conjeturó en su declaración que el SPF, que entonces estaba a las órdenes del Primer Cuerpo de Ejército que comandaba el General Guillermo Suárez Mason, intentó darles “una advertencia a las más de 900 presas” que se encontraban alojadas en esa cárcel.
“Creo que lo que la dictadura intentó con nosotros fue mandar un mensaje. Primero, a las compañeras que estaban en el pabellón vecino y que eran detenidas políticas. La cuestión era que no iban a permitir desórdenes cuando faltaba poco para que se jugara un Mundial de Fútbol en Argentina”, observó. Los principales acusados en la denuncia que presentó el colectivo legal encabezado por Cesaroni son el coronel Jorge Antonio Dotti, jefe del SPF en 1978; el prefecto Juan Carlos Ruiz; al alcaide mayor Horacio Galíndez; y el subalcaide Víctor Dinamarca, represor en el centro clandestino de detención El Vesubio.
Además, se solicitó revisar el comportamiento que tuvieron ante la masacre los tres funcionarios judiciales que actuaron en la instrucción. Se trata del juez Guillermo Rivarola; su entonces secretario, Enrique Guanziroli, y el fiscal Julio César Strassera, quien lideró la acusación en el Juicio a las Juntas en 1985 y falleció recientemente.
“Me resultó duro revivir todo de nuevo, pero sé que hice lo que debía por la memoria de mis compañeros asesinados que no pudieron obtener justicia y que esperan por ella desde hace más de 37 años”, enfatizó.
"Hice lo que debía por la memoria de mis compañeros asesinados", afirmó
“Siento que dimos un paso muy grande para hacer Justicia. Iniciamos el camino de la verdad para con mis compañeros y los 64 muertos que hubo ese día”, señaló Cardozo al salir del Juzgado que encabeza Daniel Rafecas y tiene a cargo la investigación.
El sobreviviente, que en 1978 tenía 19 años y se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria de Villa Devoto, brindó su testimonio ante dos secretarios del juzgado
y el abogado defensor de Juan Carlos Ruiz, funcionario del SPF al momento de la masacre. “Reviví todo lo que pasó ese día. Los balazos, el fuego, mis compañeros que caían heridos y como nos trasladaron a los que vivimos para contarla. En un momento, el abogado de Ruiz me preguntó si podía contestarle y le dije que sí, que su defendido tiene la oportunidad que no tuvimos nosotros, de ser escuchados por un Tribunal”, dijo.
El 14 de marzo de 1978, agentes del SPF ejercieron un brutal castigo colectivo contra los detenidos del Pabellón 7 de Villa Devoto por una supuesta falta disciplinaria
que se habría producido la noche anterior. Los guardias reprimieron a tiros y en medio de las refriegas con los presos se generó un incendio en el que perecieron 64 personas, al menos ese es el número de víctimas reconocido de forma oficial.
Cardozo comenzó a peregrinar en busca de Justicia hace más de una década, hasta que una nota periodística que le hizo un diario de La Plata (ciudad donde reside) cuando se cumplieron 30 años de los hechos, permitió darle visibilidad a su lucha.
Junto con la abogada penalista Claudia Cesaroni inició una investigación sobre esa matanza que quedó plasmada en el libro Masacre en el Pabellón 7. En base a ese trabajo, el colectivo legal y social que lideró Cesaroni inició un reclamo para que esa causa se investigara como delito de lesa humanidad.
En agosto del año pasado, la Sala I de la Cámara de Apelaciones accedió a esa solicitud y resolvió que la masacre de Villa Devoto era un crimen imprescriptible, por
haber sido cometido por agentes de una fuerza de seguridad. Al ser consultado sobre los motivos que originaron la represión, Cardozo conjeturó en su declaración que el SPF, que entonces estaba a las órdenes del Primer Cuerpo de Ejército que comandaba el General Guillermo Suárez Mason, intentó darles “una advertencia a las más de 900 presas” que se encontraban alojadas en esa cárcel.
“Creo que lo que la dictadura intentó con nosotros fue mandar un mensaje. Primero, a las compañeras que estaban en el pabellón vecino y que eran detenidas políticas. La cuestión era que no iban a permitir desórdenes cuando faltaba poco para que se jugara un Mundial de Fútbol en Argentina”, observó. Los principales acusados en la denuncia que presentó el colectivo legal encabezado por Cesaroni son el coronel Jorge Antonio Dotti, jefe del SPF en 1978; el prefecto Juan Carlos Ruiz; al alcaide mayor Horacio Galíndez; y el subalcaide Víctor Dinamarca, represor en el centro clandestino de detención El Vesubio.
Además, se solicitó revisar el comportamiento que tuvieron ante la masacre los tres funcionarios judiciales que actuaron en la instrucción. Se trata del juez Guillermo Rivarola; su entonces secretario, Enrique Guanziroli, y el fiscal Julio César Strassera, quien lideró la acusación en el Juicio a las Juntas en 1985 y falleció recientemente.
“Me resultó duro revivir todo de nuevo, pero sé que hice lo que debía por la memoria de mis compañeros asesinados que no pudieron obtener justicia y que esperan por ella desde hace más de 37 años”, enfatizó.
