Rechazan la prescripción de la causa por torturas y suicidio de un preso en la cárcel de Ezeiza.

La Cámara Federal de La Plata desestimó los planteos de los defensores de los imputados por la muerte de Walter Omar Benítez, detenido en el marco de una causa por "robo y lesiones", quien –según el expediente- fue trasladado al penal de Ezeiza porque estaba planificando una fuga de la cárcel de Villa Devoto, donde estaba alojado.
  


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Rechazan la prescripción de la causa por torturas y suicidio de un preso en la cárcel de Ezeiza (Click para ver galería)   
5/8/14

La Cámara Federal de La Plata rechazó la prescripción de una causa contra agentes del Servicio Penitenciario Federal y médicos acusados de haber aplicado y tolerado torturas contra un preso que terminó suicidándose en noviembre de 2001 en la cárcel de Ezeiza.

El tribunal platense desestimó los planteos de los defensores de los imputados por la muerte de Walter Omar Benítez, detenido en el marco de una causa por “robo y lesiones”, quien –según el expediente- fue trasladado al penal de Ezeiza porque estaba planificando una fuga de la cárcel de Villa Devoto, donde estaba alojado.

Los días 3 y 5 de noviembre de 2001, de acuerdo con la imputación contra los penitenciarios, Benítez fue golpeado en el penal, y el 7 de noviembre, aproximadamente a las 5.30, “apareció muerto en la celda. Se encontraba colgado de una sábana amarrada a su cuello y a la ventana de la celda”.

Por el paso del tiempo y el derecho a ser juzgados en un “plazo razonable”, pidieron la prescripción de la causa Hugo Gubernievicz, ex director del Módulo VI del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza,”; Antonio Ojeda, ex encargado general de la Sección de Requisa; Eduardo Sabe, ex Jefe de la División Seguridad Interna; y José Luis Fernández, Jefe de la División del Módulo VI. También Roberto Acevedo, ex Jefe de Requisa; Rito Ramírez, ex Director del Módulo III; César Cabrera, retirado desde el 1° de mayo de 2011, todos acusados de “haber omitido desplegar una adecuada vigilancia y no haber adoptado los recaudos necesarios para evitar las torturas”.

Además pidieron el fin de la causa Ricardo Salao, agente penitenciario retirado desde 2008; el ex Ayudante de Segunda Rubén Godoy y el ex Ayudante de Primera Juan Pablo Rondeau, acusados de “haber insertado declaraciones falsas en documentos confeccionados contra el interno Benítez, por supuestas faltas disciplinarias cometidas por éste a principios de noviembre de 2001”.

Lo propio hizo Idelfonso Escobar, ex Auxiliar de la Sección Requisa Módulo III y aún hoy en funciones en el Complejo de Ezeiza, imputado por “instigación al suicidio”, así como Ariel Santorio, ex Adjutor Principal y actualmente trabajando en la Colonia Penal “Subprefecto Miguel Rocha U.5”, y Roberto Amarillo, ex Encargado del Pabellón “C”.

Este último está acusado de “haber omitido denunciar dentro de las 24 horas, en su calidad de médico del Complejo Penitenciario, “las torturas infligidas a Benítez ante un funcionario, ministerio público o juez competente. También se le imputó haber expedido dos certificados médicos falsos dando cuenta de la inexistencia de lesiones en perjuicio del nombrado”.

La Cámara, con las firmas de los jueces Leopoldo Schiffrin y César Alvarez, determinó que “las características del hecho investigado exceden el interés de la sociedad argentina y penetran en el de la comunidad universal. Ésta ha venido condenando esa práctica desde hace muchos años, y cuando proviene de funcionarios estatales, la eleva…, estableciendo un sistema organizado de prevención y represión que puede ser activado ante la denuncia de un solo caso individual”.

“Por tratarse el presente caso de un delito del Derecho de Gentes, no existe una regla de prescripción penal… aquí se investiga una grave violación de los derechos humanos, inmune al instituto de la prescripción”, sostiene el fallo.



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