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Tras la cruenta dictadura, Alfonsín asume con la responsabilidad de retomar la senda democrática.

SOCIEDAD.
Noticias.
La presidencia de Raúl Alfonsín se inicia en 1983 para poner fin a una cruenta dictadura cívico militar de siete años y con la responsabilidad de retomar y asegurar la senda democrática, dando comienzo a un período de gobierno caracterizado por el juicio a las juntas militares, varios alzamientos militares y un final anticipado del mandato presidencial.

Tras la cruenta dictadura, Alfonsín asume con la responsabilidad de retomar la senda democrática.
Tras la cruenta dictadura, Alfonsín asume con la responsabilidad de retomar la senda democrática.   
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10/12/13

Con casi el 52 por ciento de los votos, el candidato presidencial de la Unión Cívica Radical triunfó en las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983, tras un histórico y multitudinario cierre de campaña en la avenida 9 de Julio, en el que Alfonsín llamó a terminar con la violencia y bregó por la libertad, la justicia social y la democracia.

Al asumir como trigésimo tercer presidente constitucional de la Argentina, el flamante mandatario advirtió que la transición sería convulsionada y no se equivocó.

Durante su mandato, debió afrontar dos grandes desafíos: la consolidación de la democracia y un gobierno condicionado por la crisis económica y una escalada inflacionaria, desatadas luego de que recibiera un país quebrado debido a una desastrosa administración llevada a cabo por los jerarcas militares.

"Iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos, la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los futuros tiempos, la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina", decía en aquel primer recordado discurso.

Uno de sus primeros actos de gobierno, apenas 3 días después de asumir, fue firmar dos decretos en los que se procedía a enjuiciar a los miembros de las tres juntas militares que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976, y a las cúpulas guerrilleras.

Cumpliendo su promesa de campaña de luchar por la verdad y la justicia, Alfonsín crea la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas (Conadep), presidida por el escritor Ernesto Sabato, y días después la Cámara de Diputados deroga la ley de autoamnistía dictada en el último período de la dictadura.

Casi un año después, en setiembre de 1984, la Conadep entregó al presidente un informe de 50.000 carillas, donde se sostenía que la dictadura había producido "la más grande tragedia de nuestra historia" y demostrando la desaparición de al menos unas 10.000 personas.

En 1984, el gobierno radical acepta una propuesta del Vaticano en relación a un acuerdo con Chile sobre el Canal de Beagle, y tras un amplio triunfo del "Sí" en una consulta popular, se suscribe el tratado de Paz y Amistad con el país trasandino.

En septiembre se realiza el primero de los trece paros generales de la CGT, que se había unificado bajo la conducción del dirigente sindical Saúl Ubaldini, en contra de la política económica del gobierno alfonsinista que fue un verdadero tembladeral.

1985 es clave en materia económica: Juan Vital Sourrouille reemplaza a Bernardo Grispun al frente de la cartera de hacienda y, en un acto en Plaza de Mayo, Alfonsín convoca a poner en marcha una economía "de guerra" en el país. Al mismo tiempo, crea el Plan Alimentario Nacional (PAN) para proveer alimentos a los sectores más empobrecidos.

Sourrouille anuncia el lamanzamiento del "Plan Austral", que impide emisiones monetarias, congela precios y salarios, y crea una nueva moneda a través de un decreto, el austral, equivalente a 10.000 pesos argentinos.

Ese mismo año, la Cámara Federal juzga a los ex comandantes de la dictadura. Finalmente, la sentencia establece prisión perpetua para Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera, lapsos menores de cárcel para otros acusados y algunas absoluciones.

También se juzga a los responsables políticos de la Guerra de Malvinas: el almirante Jorge Isaac Anaya es destituido y condenado a 14 años de prisión; 12 años al general Leopoldo Fortunato Galtieri y 8 años al brigadier Basilio Lami Dozo.

Luego de estos juzgamientos, se profundiza la tensión entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, y pesan sospechas y acusaciones cruzadas sobre muchos oficiales, lo que va generando un creciente estado de malestar entre las filas castrenses.

Para intentar bajar el tono de las críticas militares, Alfonsín promulga -en diciembre de 1986- la ley de Punto Final, que pone un límite de 60 días para las denuncias judiciales sobre violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura y que finalmente estableció la paralización de los procesos judiciales.

Tras esa promulgación, se aceleran las denuncias judiciales y se suceden una tras otra las protestas de oficiales citados en ellas.

En ese marco, tiene lugar el primer alzamiento carapintada: el 16 de abril de 1987 el por entonces teniente coronel Aldo Rico, toma la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, en reclamo de una solución a los juicios militares.

Luego de cuatro días de gran tensión social y política, en medio de la celebración de la Semana Santa, Alfonsín se traslada a Campo de Mayo y logra la rendición de los amotinados.

En la Plaza de Mayo, una multitud se reúne en apoyo a la democracia y el presidente retorna al balcón de la Casa Rosada para anunciar el fin del conflicto, con la famosa frase "Felices Pascuas. La casa está en orden".

Poco después, Alfonsín envía al Congreso la ley de Obediencia Debida, que sólo admitía el procesamiento de quienes se desempeñaban en rangos superiores; es decir, aquellos que habían impartido órdenes y que habían contado con capacidad operativa para ejecutarlas, lo cual significó una virtual amnistía para los rangos inferiores.

No obstante, el malestar castrense continuó traduciendose en más alzamientos militares: en febrero de 1988 se produce la rebelión carapintada de Monte Caseros, Corrientes, otra vez con Aldo Rico a la cabeza; y el 14 de diciembre, en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, se acuartela el coronel Mohamed Alí Seineldín.

En enero de 1989 se produce el sangriento y frustrado intento de copamiento al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada, por parte del Movimiento Todos por la Patria (MTP), dirigidos por Enrique Gorriarán Merlo, que deja un saldo de más de 30 muertos y numerosos heridos y detenidos.

Se desencadena entonces una serie de hechos económicos que derivan en la salida anticipada de poder de Alfonsín: un proceso de hiperinflación, golpe de mercado producido por los principales grupos económicos, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, remarcación de precios, compra compulsiva de dólares por parte de los especuladores, saqueos a supermercados.

El 14 de mayo de 1989, el candidato justicialista, el riojano Carlos Menem, gana las elecciones con el 49 por ciento de los votos, con dos ideas fuerza en su campaña electoral: el salariazo y la revolución productiva.

Pero tras una ola de saqueos a supermercados en todo el país, incidentes que culminan con 14 muertos y un malestar creciente de la población, Alfonsín anuncia su decisión de traspasar de manera adelantada el gobierno a Menem, que se concreta el 8 de julio.

Se inicia de esta manera una nueva década de gobierno, caracterizada por una política económica y social de corte neoliberal, en un contexto mundial caracterizado por un proceso de globalización.

De inmediato, Menem pone en marcha un plan de privatizaciones y se decide el pase a manos privadas de los ferrocarriles, de la telefónica Entel, de los canales 11 y 13 -hasta entonces en manos del Estado-, de Aerolíneas Argentinas y de YPF.

Algunas de sus primeras medidas son el indulto presidencial a 280 procesados, entre los que se encontraban los militares carapintadas, y a los ex comandantes de las juntas; la ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia; el envío de tropas al Golfo Pérsico; la ley de convertibilidad y comienza a regir el peso como nueva moneda nacional.

El 17 de marzo de 1992 el brutal atentado contra la embajada de Israel enluta al país, con 29 muertos y decenas de heridos.

Hacia fines de 1993, se producen los primeros encuentros reservados entre Alfonsín y Menem sobre la necesidad de una reforma constitucional y firman el denominado "Pacto de Olivos", base de la reforma constitucional de 1994, que permitió la reelección del presidente justicialista para un nuevo mandato de 4 años.









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