La Metropolitana usó la violencia en un desalojo.

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Utilizaron gases lacrimógenos contra empleados que reclaman que se activen mecanismos para convertir a la fábrica en una cooperativa. A dos semanas de la feroz represión contra los trabajadores del hospital neuropsiquiátrico Borda que se oponían al derrumbe de un espacio de talleres terapéuticos, los efectivos de la Policía Metropolitana volvieron a actuar con violencia. Los agentes de la fuerza creada por Mauricio Macri avanzaron ayer a la madrugada sobre un grupo de empleados de una empresa impresora que buscaban conservar sus puestos.
Violencia.

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15/5/13

La acción sucedió cuando los trabajadores de Lanci Impresores S.R.L. que mantenían tomada la planta de la empresa del barrio de Pompeya en resguardo de sus fuentes laborales, fueron desalojados con gases lacrimógenos por la Metropolitana.

“A las 7 de la mañana, efectivos de la Policía Metropolitana patearon el portón de ingreso de la planta ubicada en Mom 2862, y lanzando gases lacrimógenos desalojaron a los dieciséis trabajadores de la firma que ocupaban la imprenta desde mayo de 2012 en defensa de las fuentes de trabajo”, informó a Télam Eduardo Montes, vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas, quien se constituyó como el vocero para detallar el hecho.

El desalojo se produjo por orden de la jueza de Faltas Nº 16 de la Ciudad de Buenos Aires, Claudia Álvaro. La magistrada había ordenado la medida la semana pasada pero la decisión había sido suspendida en su momento por el Ministerio de Trabajo y ayer a la mañana se produjo, finalmente, la ejecución de la orden de la jueza porteña.

Adrián Leguizamón –uno de los gráficos– dijo que desde “el 28 de mayo de 2012, cuando la situación se hizo insostenible, ocupamos la fábrica en resguardo de nuestra fuente de trabajo y desde ese día dejamos de percibir todo tipo de sueldo”.

Luego del desalojo, los trabajadores permanecieron en la puerta de la planta y advirtieron que seguirán “resistiendo” en la calle. “Si es necesario, colocaremos carpas para continuar la lucha”, advirtió Leguizamón.

El conflicto se desencadenó en en 2008, cuando el dueño de la empresa en la que trabajaban 40 personas, Alfredo Langehein, se retiró, y comenzó a ser gestionada por su hijo Cristian. “Desde ese momento empezaron a pagar 100 pesos por semana bajo el argumento de que no había dinero, pero la situación llegó al límite cuando apareció con un auto cero kilómetro”, contó.



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