El negocio millonario del estacionamiento.
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BARRIO.
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La gestión de Macri busca implementar un proyecto que estipula el aumento de los parquímetros y el regreso del cepo. Las empresas que se encargan del servicio recaudan $ 7.320.000 por mes. Los contratos de concesiones vencieron en 2001, sin embargo continúan operando. Irregularidades, denuncias y complicidades del gobierno porteño.
 Macri.
26/5/13
La gestión de Macri busca implementar un proyecto que estipula el aumento de los parquímetros y el regreso del cepo. Las empresas que se encargan del servicio recaudan $ 7.320.000 por mes. Los contratos de concesiones vencieron en 2001, sin embargo continúan operando. Irregularidades, denuncias y complicidades del gobierno porteño La “política retro” vuelve a instalarse en el Ejecutivo de Mauricio Macri. El jefe porteño, junto a sus ministros, envió a la Comisión de Tránsito y Transporte un proyecto bajo una carátula falaz: “Reordenamiento del estacionamiento medido”. El boceto se aleja ampliamente de este título de fantasía inscripto por el PRO, ya que en el fondo se esconde el regreso del negocio millonario de las grúas, el parquímetro y el cepo. Lejos de realizar un revisionismo del pasado, el gobierno de la Ciudad volvió a caer en la tentación de una medida político empresarial y omitió los desfases e irregularidades de las dos empresas que centralizan el mercado del estacionamiento en Capital Federal: Dakota SA, propietaria de Servicio de Tránsito Ordenado (STO) y BRD SAICFI, dueña de Servicio de Estacionamiento Controlado (SEC). En este contexto y bajo el lema macrista de “favorecer el ordenamiento del tránsito, optimizar el uso de los espacios disponibles y auspiciar la rotación vehicular”, el estacionamiento medido en las zonas de tránsito más congestionadas, tendrá un costo progresivo que ascenderá a los $ 12. Sin embargo, el aumento de la tarifa no es el único apartado del proyecto que el jefe porteño envió a la Legislatura. En el mismo, se contempla el regreso de las grúas y el cepo a los automóviles que se encuentren en infracción. A grandes rasgos, estas medidas son una especie de flashbacks de las políticas implementadas desde 1991 por el entonces intendente menemista de la ciudad, Carlos Grosso, quien instauró y le otorgó el manejo del cepo a Dakota SA y BRD SA. A partir de ahí, el negocio del estacionamiento medido se tornó un negocio millonario para las empresas y rentable para el gobierno de la Ciudad. En diálogo con Desafío Económico, el legislador de la UCR, Antonio Rubén Campos, aseguró que “desde el macrismo tratan de producir el ordenamiento vehicular entre comillas, porque la medida de fondo es el pago compulsivo”. Para tener una noción de la magnitud del bosquejo que buscará aprobación a fines de junio, es suficiente con describir el alcance que obtendrá: de los 48 barrios, el parquímetro se extenderá en 44, exceptuando a Villa Soldati, Coghlan, Versalles y Villa Pueyrredón. Las tarifas que merodean y estudian desde las oficinas del macrismo están dividas en dos ejes: en los barrios que poseen complicaciones por la cantidad de circulación vehicular, estarán diagramadas a partir de $ 6 durante la primera hora, $ 8 la segunda, $ 10 la tercera y $ 12 a partir de la cuarta. Así, estacionar cuatro horas significaría un gasto de $ 36. En relación a esto Desafío se comunicó con el subsecretario de Tránsito y Transporte del gobierno de la Ciudad, Guillermo Dietrich, quien afirmó que “la idea es que se empiece a aplicar a fines del año o principios de 2014. Las zonas en donde va a estar funcionando el estacionamiento todavía no están definidas. Primero el proyecto tiene que ser discutido en la Legislatura y luego se debatirán los valores”. En el segundo núcleo, se encuentra la tarifa sencilla que involucra a los barrios donde el tránsito es normal y fluido. En estos lugares, el ciudadano deberá abonar $ 6. Cabe destacar que los ciudadanos que vivan en cuadras con parquímetros tendrán que tramitar una oblea que los habilitará a estacionar gratis, siempre que la tarifa sea sencilla. El legislador Rafael Gentili de Proyecto Sur expresó a Desafío que “lo único que hace esto es aumentar los ingresos de las empresas; quieren alentar a que la gente no utilice el auto, pero eso no va a pasar jamás, ya que la utilización del vehículo nada tiene que ver con el cobro de estacionamiento, sino con la deficiencia del transporte público”. Las recaudaciones millonarias Las suculentas cuentas de Dakota y BRD se nutren por dos vías infalibles: el acarreo de coches por un lado, y el estacionamiento medido a través del parquímetro y tickeadoras, por el otro. El primer rubro les deja a las empresas una facturación de $ 4.200.000 millones mensuales, que surge de multiplicar los 12.000 autos que acarrean por mes -según datos relevados por la subsecretaría de Tránsito porteña-, por los $ 350 que le cuesta a cada usuario pagar la multa para recuperar su automóvil. Por el estacionamiento medido, las compañías absorben un activo de $ 3.120.000 millones cada 30 días. De esta manera, sumando lo recaudado por el acarreo y el pago de parquímetros, las firmas consolidan una caja de $ 7.320.000 por mes. Si los números se encuadran en un marco anual, el importe trepa a los $ 87.840.000. Un negocio millonario. El gobierno de la Ciudad también lleva agua para su molino, aunque la rentabilidad es mucho menor que la de las empresas. Macri recibe $ 3 millones mensuales por las multas debido al mal estacionamiento que conllevan los acarreos, aunque además, percibe un canon de $ 110.000 por Dakota y BRD. De esta manera, las arcas porteñas se refrescan con $ 3.110.000 por mes, sin embargo, la cifra dista ampliamente con lo adquirido por las administraciones encargadas del estacionamiento medido. El negocio está dirigido. No solamente las compañías recaudan más del doble que la Ciudad, sino que además, existen cánones permisivos para beneficiar a estas firmas. “La recaudación es muy dispar entre las ganancias de las compañías y las de la Ciudad y a eso hay que adicionarle los múltiples beneficios que han recibido”, afirmó Campos a Desafío. Respecto del gravamen de la concesión, las empresas pagaron mucho tiempo un valor irrisorio de $ 1.000, que en 2009 pasó a $ 30.000 y recientemente a $ 55.000, una cifra igualmente ínfima, ya que con sólo acarrear 157 autos, es decir en unas 10 horas de trabajo, las concesionarias ya lo cubren. La situación no finaliza ahí, por el contrario, el canon que depositaban ambas sociedades, en muchas oportunidades fue menor a los $ 55.000, ya que alegaban problemas externos como los cortes y piquetes en calles, lo cual “inhabilitaba a Dakota y BRD a no poder cobrar esos espacios de estacionamiento”. Bajo estos alegatos, las administraciones “decidían arbitrariamente” abonar un monto menor. Macri, lejos de intervenir, continúa ampliando los beneficios. Por último, otro dato anecdótico y que plasma la pasividad y el accionar permisivo del PRO para con las empresas, es el de aceptar pagarles los adicionales de los 168 agentes de la Policía Metropolitana que viajan en las grúas -unos $ 670.000 mensuales-. En torno de esto, Campos subrayó a Desafío que “las empresas ni siquiera le pagaban a la Policía Federal, que tenía que acompañar a las grúas para realizar el acarreo, por el contrario, lo abonaban desde el gobierno de la Ciudad, a pesar de que en los pliegos licitatorios manifestaba que ese canon debía ser remunerado por las mismas compañías”. Contratos irregulares y vencidos Otro dato sugestivo está trazado por las cuestiones estrictamente contractuales de la concesión. La más evidente es que, desde que sus contratos vencieron en 2001, siempre consiguieron prorrogarlos con permisos precarios a cinco años, según la Auditoría de la Ciudad. La cantidad de años es una clara estrategia: la Legislatura sólo interviene en concesiones más largas, por lo que las prórrogas pasaron inadvertidas y sin hacer ningún tipo de ruido. El contrato de Dakota venció el 21 de febrero de 2001, mientras que el de BRD caducó el 25 de marzo de 2001. Desde entonces, ninguna gestión porteña volvió a licitar el servicio. Pero su prescripción no es la única anomalía. Las concesiones estarían violando varias leyes de tránsito. Según la Defensoría del Pueblo porteña, el Código de Tránsito dice que los acarreos sólo deben hacerse cuando un auto obstaculice la circulación, se haya accidentado o constituya un peligro -estado de ebriedad- aunque no cuando sólo esté mal estacionado. Javier Meglino, de la ONG “Defendamos Buenos Aires”, expresó que “no sirve la vía del reclamo porque las empresas niegan determinados datos, como el número de camión que intervino” y agregó que “la única posibilidad de protección son las filmaciones que hacen las grúas en cada acarreo, aunque tampoco aportan nada ya que las firmas no las entregan en caso de estar perjudicadas como la situación de romper un auto, pero sí cuando las favorecen”. Un caso emblemático de esto último se dio con la jueza Elsa Parrili -ya destituida- que fue filmada mientras agredía verbalmente a dos empleadas de BRD para que le devolvieran el auto. Lo cierto es que el proyecto ingresará al recinto a fines de junio, aunque Campos, deslizó a Desafío que “yo creo que este proyecto que está en la Comisión de Tránsito es solamente un engaño y la idea de fondo es desviar la atención para postergar la licitación, como durante estos 12 años. Así, van a seguir operando sin contratos y de la forma que lo vienen haciendo. Dudo mucho de que esto vaya al recinto, porque va a generar mucha movilidad en los barrios y, sobre todo, porque de fondo hay un año electoral para el Jefe porteño”. Sin dudas, el negocio del estacionamiento medido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es millonario gracias a la complicidad de Mauricio Macri que tiene operando a dos empresas con el contrato vencido desde hace 12 años. Los parquímetros a 12 pesos y la vuelta del cepo, son un déja vu de la política retro del jefe porteño. Subas sustanciales para beneficiar a Dakota y BRD En julio, el gobierno porteño autorizó una suba del 84% en los acarreos, pasando así de $ 190 a $ 350. También subió la hora de la tarifa de los parquímetros que pasaron de $ 1,40 a $ 3. Los incrementos se justificaron en el alza de costos relacionados a la inflación que sufrieron las concesionarias, entre ellos los aumentos salariales que debieron pagar a los choferes de las grúas. Este no fue el único golpe al bolsillo que sufrieron los automovilistas: un mes después subieron las multas de tránsito y la infracción por mal estacionamiento, que mutaron de $ 180 a $ 250. La vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, ratificó ambas medidas diciendo que “el acarreo no se actualizaba desde 2008” y que al gobierno porteño “no le importa la multa, sino que todos empiecen a ser más conscientes de las faltas de tránsito que cometen”. Una nueva caricia del macrismo a las empresas de grúas. Las trampas del proyecto macrista El año pasado se votó un proyecto de ley que facultaba al Ejecutivo a realizar una licitación para el estacionamiento medido, pero al mismo tiempo la ley llevaba atribuciones para que se puedan ir aplicando los parquímetros cuanto antes. El boceto fue aprobado gracias a la votación de legisladores oficialistas que fueron acompañados por el bloque kirchnerista. La oposición se retiró del recinto, quedando solamente el bloque de la UCR. Campos se opuso a la aprobación alegando que “lo más grave de todo esto era que se incorporaba el horario nocturno, lo cual significaba que el período estacional pasaba a ser de 24 horas. Esto es una locura, el residente que no poseía garaje o cochera, debía dejar el auto en la vía pública por un lapso de 9 o 10 horas, representando un costo mayor a los 100 pesos”. “Otro problema fue que la Cuidad cobraba una tasa por el acarreo realizado al infractor, situación que se tornó viciosa, ya que se hacían acarreos más allá de si el auto estaba bien o mal estacionado, pero ahora cambió, ya que le dieron la facultad a las empresas teniendo en cuenta que el canon ya no era por el vehículo mal estacionado, sino que era un canon fijo. Esto incentivaba a una implementación mayor de grúas para llevarse autos”, dijo Campos a Desafío. Por último, el legislador sentenció que “todo esto es recaudatorio para las empresas, no para la ciudad. Yo no culpo a las firmas, porque en definitiva la que le da las facultades en el Ejecutivo es la Ciudad”. Quiénes son las concesionarias Las empresas que manejan el servicio de grúas son Dakota y BRD, que operan respectivamente con los nombres STO (Sistema de Tránsito Ordenado) y SEC (Sistema de Estacionamiento Controlado) en las zonas norte y sur del centro. En junio de 1991, cuando gobernaba el ex intendente menemista Carlos Grosso, ganaron la licitación para acarrear los autos mal estacionados, gestionar el estacionamiento medido a través de parquímetros y máquinas tickeadoras y colocar y mantener la señalización vertical. Los contratos vencieron en 2001 y desde entonces ningún gobierno porteño volvió a licitar el servicio, por lo que ambas empresas siguieron funcionando con prórrogas precarias a cinco años. El dueño de Dakota es el empresario paraguayo Reinaldo Niella, aunque hoy su sobrino Marcelo Violante está como el máximo ejecutivo de la compañía, que además, administra los garajes porteños Apart Car, las grúas de Lomas de Zamora y la empresa Telefonía Pública y Privada. Desde el otro rincón, SEC es conducida por Ricardo Chiantore (hijo), quien heredó el mando de su padre José Ricardo, un hombre cercano al ex presidente Carlos Menem. Estiman que el sindicato de Camioneros tiene una parte de la firma. El nombre de Facundo Moyano sería el eslabón de la participación societaria. Sinopsis de un negocio redondo En 1991, el Intendente de CABA otorgó a Dakota y BRD el negocio del cepo vehicular. El contrato tuvo vigencia hasta 2001, sin embargo, 12 años después con los pliegos vencidos, siguen operando. Ambas empresas tienen una facturación mensual de $ 7.320.000. El gasto que tienen es ínfimo. El negocio es millonario. Macri quiere volver a implementar el cepo, aunque ahora en todos los barrios porteños. |
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