Maniobras en la Justicia para proteger a Lázaro Báez.

SOCIEDAD.
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El fiscal antilavado nombrado por Gils Carbó no incluyó al empresario K entre sus sospechosos pese a que la carátula de la causa lleva su nombre. Y en Río Gallegos una fiscal se resistía a investigarlo.
La fiscalía antilavado creada por Gils Carbó pidió antecedentes de todas las empresas y empresarios involucrados, menos de Lázaro Báez.

23/4/13

La flamante Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), creada por la procuradora Alej andra Gils Carbó, tres días después de que Periodismo para Todos (PPT) revelara la ruta del dinero negro del kirchnerismo, envió un oficio a la bolsa de comercio para que informen sobre los movimientos y actividades de financistas vinculados a Federico Elaskar, ex dueño de SGI. Sin embargo, en esa nómina, llamativamente, no aparece Lázaro Báez, el empresario kirchnerista sospechado de lavado de dinero, ni su hijo Martín.

En ese oficio del 17 de abril al que tuvo acceso Clarín, el fiscal de Procelac, Carlo Gonella y el fiscal Ad Hoc, Pedro Biscay, solicitan al mercado de valores de Buenos Aires que “remita a esta dependencia los antecedentes relacionados con las personas físicas y jurídicas (incluyendo accionistas y directivos), que se detallan a continuación: SGI Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Vanquish Capital Group S.A., SGI Inversiones y Participaciones S.A., Juan Ignacio Pisano Costa, Federico Elaskar, Juan Carlos Guichet, Cesar Gustavo Fernández y Alejandro Ons Costa”.

La omisión de Báez parece más a una decisión política que a un error. Pese a que la causa por presunto lavado de activos ante el juez federal Santiago Casanello, quedó caratulada como “Báez Lázaro y otro s/ encubrimiento (art. 277) y asociación ilícita”, el empresario kirchnerista no aparece entre los sospechosos mencionados por el fiscal Ramiro González.

El domingo, en el programa de Jorge Lanata por canal 13 de TV se denunció Gonzalez habría recibido presiones de por parte de l equipo de Gils Carbó para que el empresario K no apareciera. González negó haber recibido presiones. Sin embargo, Báez tampoco aparece en su requerimiento de instrucción.

Paralelamente, la denuncia presentada contra Lázaro Báez en Río Gallegos por la titular del ARI-CC Mariana Zuvic, será desdoblada. El pedido de investigación era por presunto lavado de dinero, presunta asociación ilícita y un posible incumplimiento de deber de funcionario público tanto de autoridades nacionales como provinciales vinculadas a la fiscalización y otorgamiento de la obra pública.

La denuncia fue presentada ante la jueza federal subrogante, Ana Álvarez, quien de forma inmediata cursó la denuncia a la fiscal Patricia Closter. Esta primero se declaró incompetente. La medida fue rechaza por la Álvarez quien el viernes volvió a solicitar a la fiscal que impulse la investigación. Finalmente, prevaleció la incompetencia en cuanto al lavado de dinero por encontrarse una causa en la Capital Federal. Sin embargo, sí se avanzará en Santa Cruz sobre los contratos de Austral Construcciones.

Para Félix Marteau, director de posgrado en prevención de lavado de dinero de la UBA, los fiscales deberían haber investigado a todos los denunciados. La investigación judicial en Buenos Aires se centró en SGI, “La Rosadita” a través de la cual Leonardo Fariña, marido de Karina Jelinek y presunto “valijero” de Báez, sacaba dinero del país con destino a cuentas off shore en Panamá y Belize.

Pisano Costa, Fernández y Ons Consta fueron nombrados miembros de SGI en julio del 2011.

En esa misma asamblea se definió la salida de Elaskar, quien hasta entonces presidía la financiera. En su primera entrevista Elaskar dijo que vendió bajo amenazas de muerte supuestamente proferidas por Daniel Pérez Gadin, el contador de Báez. Elaskar primero reveló su vínculo con Báez para sacar euros del país y luego se desdijo en medios oficialistas.

Lo cierto es que la financiera SGI fue comprada por Helvetic Services Group pero, hasta ahora es una incógnita quién es el verdadero dueño.

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